¿Rescate del HUBU? ¡No, gracias!

Después de las experiencias de los “rescates públicos” de hospitales privatizados en Madrid y Valencia, que utilizaron dinero público para sanearlos al fracasar en su gestión privada para después devolvérselas a esas mismas empresas, está claro que un “rescate” para el HUBU no es lo adecuado. Lo que procede y exigimos es la RECUPERACIÓN del HUBU. Y no de cualquier manera y a cualquier precio, sino de forma Transparente, Justa y Responsable.



Los ciudadanos tenemos derecho a conocer cómo y por qué se implantó en Burgos un modelo que está siendo ruinoso para todos, especialmente para los ciudadanos que vemos cómo se hipoteca nuestro futuro para beneficio de unos pocos. Necesitamos saber cómo se realizó el proceso de adjudicación, con qué criterios, qué ofertas se presentaron y cómo se valoraron. También necesitamos saber por qué se firmó un contrato tan perjudicial para las arcas públicas. Necesitamos y exigimos, en resumen, transparencia.

Quienes crearon el problema, el gobierno de Castilla y León y la empresa concesionaria, deben buscar la fórmula para conseguir recuperar el HUBU para la propiedad y gestión pública, pagando el precio justo por ello, pero sin perjuicio de los intereses públicos. Debe revisarse y auditarse todo el proceso y aclarar por qué los incrementos del coste se hicieron a costa de un vial entre el HUBU y el Hospital Divino Valles que no existe, de un helipuerto que se presupuestó y pagó dos veces y sólo existe uno, el Instituto de Investigación igualmente presupuestado y pagado y que tampoco existe, al menos en Burgos. Revisar y valorar todos los incumplimientos del contrato que se han dado en estos pocos años de existencia del HUBU, para que el precio de su recuperación sea justo.

Las decisiones políticas sin sustento científico ni técnico son responsabilidad única y exclusivamente de quienes las toman. Las consecuencias de esas decisiones las sufrimos pacientes y ciudadanos no sólo de Burgos sino de toda Castilla y León, que no hemos tomado esas decisiones ni tampoco se nos ha consultado sino, más bien al contrario, se nos ha ignorado y se han tomado en contra de nuestra opinión manifestada en su día a través de movilizaciones y actos diversos. Los que han tomado las decisiones y se han empecinado en un modelo ruinoso y opaco, deben asumir sus responsabilidades.

Nuestra responsabilidad, como asociación y como ciudadanos, es exigir una recuperación transparente, justa y responsable del HUBU y en ello seguiremos hasta conseguirlo, más temprano que tarde antes de que la propiedad del HUBU caiga en manos de “fondos buitre” o empresas cuyos objetivos sean aún más ajenos a la salud de la población, como ha pasado recientemente con el hospital Puerta de Hierro de Madrid.

Se constituye la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Castilla y León

Seis colectivos vinculados a la defensa de la Sanidad Pública en la Comunidad han decidido constituir la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Castilla y León.

La asociación Sanidad Pública Sí (Burgos), la Plataforma por la Sanidad Pública de León, la Plataforma por una Sanidad Pública de Todos y para Todos de Palencia, las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Salamanca y Valladolid y la Marea Blanca de Segovia unirán sus fuerzas en la defensa del carácter universal de la sanidad y en todas las actividades y movilizaciones que se lleven a cabo en el conjunto de la Comunidad en defensa del Sistema Sanitario Público, muy particularmente por la reversión de la forma de gestión -de privada a pública- del Hospital Universitario de Burgos.


En la reunión celebrada el día 14 de Noviembre en el Colegio de Médicos de Valladolid se llevó a cabo una reflexión sobre el deterioro de la sanidad en Castilla y León desde la puesta en marcha del Real Decreto de abril de 2012, que abrió la puerta al conjunto de recortes que se están produciendo. De forma general, se constató el incremento insoportable de las listas de espera, en buena medida derivado de los recortes de plantillas tanto en atención primaria como hospitalaria.

Asímismo, se constató el impulso a los procesos de privatización por diversas vías y la pérdida del derecho a la asistencia sanitaria por un número significativo de personas en la Comunidad, cuestión ésta que afecta especialmente a algunas provincias como es el caso de León y Valladolid.

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