Contra los rescates encubiertos en el Hospital de Burgos

El nuevo modificado que recientemente la Consejería de Sanidad reconocía estar negociando con la concesionaria del Hospital Universitario de Burgos no es otra cosa que un “mecanismo de reequilibrio financiero”. Este “nuevo modificado” no implica en realidad nuevas obras o inversiones, por lo que, de acuerdo con las cláusulas administrativas del contrato de concesión, no se puede hablar de modificado, sino de un “rescate encubierto” que se intenta justificar con razones que tampoco se ajustan a la realidad y que está destinado únicamente a mantener los beneficios de Eficanza.


Recientemente, tras sacarlo a la luz el PSOE en los medios de comunicación (1), la Junta de Castilla y León ha reconocido estar tramitando un nuevo “reequilibrio financiero” para Eficanza (2,3). Este nuevo rescate a la Concesionaria supone un nuevo golpe a la sostenibilidad del Sistema de Salud de Castilla y León.

Del análisis de esta situación surgen tres reflexiones.

1. Falta de Transparencia. ¿Por qué decir modificado cuando debe decir reequilibrio?


Constatamos la falta de transparencia en todo lo relativo al HUBU. Una vez más, la Junta sólo informa de lo que otros “destapan”. Y en este caso lo hace con un lenguaje confuso, puesto que define como “modificado” lo que según las clausulas administrativas (PCAP) del contrato de concesión (4) es un “mantenimiento del equilibrio económico­financiero”: si atendemos al detalle de las declaraciones, no se menciona que se vayan a aprobar nuevas inversiones en obra civil o equipamiento.

El Consejero ha tratado de justificarlo en los medios (2,3) diciendo que “al haberse incrementado la superficie inicial del HUBU en un 30 por ciento, tiene una repercusión, por ejemplo, en el servicio de limpieza (...). Hay más superficie y se reequilibra en la facturación”.

Sin embargo, el “reequilibrio” que se está negociando no tiene que ver con dicha declaración. No hay que “compensar” por tener que limpiar más superficie. La remuneración de los servicios que presta Eficanza está especificada en el contrato. Si se limpia más, se factura más. Si se consume más agua, se factura más, si se atienden más consultas, si se opera a más pacientes... se factura más. Con tarifas que, por cierto, ya están muy por encima de los precios de mercado para dichos servicios (recuérdese el ejemplo de la electricidad). Lo único que aquí se modificará es que habrá que pagar todavía más.

2. Un pozo sin fondo


El modelo de Concesión empleado para el HUBU resulta más costoso que la obra pública (7,8). Recurrir a él se explica por cuestiones ideológicas (privatizar lo público, plantear el sistema de salud como un nicho de negocio para inversores...), y porque se ve facilitado por un artificio contable: en términos de contabilidad europea este tipo de contrato no computa como déficit público (algo así como pagar mi compra con tarjeta VISA: para el comercio soy solvente, aunque me esté endeudando hasta las cejas con el banco).

En el caso del HUBU, queda en evidencia que este modelo es ruinoso para el contribuyente. Los sucesivos modificados aprobados durante la construcción del HUBU (5) (investigados en Europa y recurridos en nuestro país (6,7) ya supusieron en su momento la aplicación del mecanismo de reequilibrio financiero contemplado en el contrato de concesión (8) . Además del coste por el incremento de la obra y el equipamiento, la Junta asumió una deuda adicional con Eficanza para que ésta mantuviera los beneficios previstos en su proyecto económico­financiero (7,11% anual).

Se está pagando año tras año una enorme cantidad (más de 75 millones de euros en 2013), que duplica las previsiones. Y aún así, la Junta se dispone a aplicar de nuevo el mecanismo de reequilibrio. Pagaremos aún más, pero no porque haya nuevas inversiones, sino para seguir asegurando los beneficios a Eficanza.

3. El reequilibrio financiero, una sucesión de rescates a la Concesionaria sin que retorne el HUBU a un sistema 100% público


Una crítica extendida a los modelos de concesión de obra pública es que resultan más costosos (9) y que el mantenimiento del equilibrio financiero de la concesionaria predomina sobre el concepto de “riesgo y ventura” (10,11). En la práctica, la empresa no corre riesgos, porque la Administración es garante y no va a dejar a los ciudadanos sin el correspondiente servicio. Hay múltiples casos que lo muestran, tanto en concesiones para infraestructuras (véase el reciente rescate a las autopistas) como en concesiones sanitarias (caso Alzira, concesiones del NHS británico (11), hospitales de Madrid(12)...).

Este incesante goteo de “reequilibrios” es un desastre para la sostenibilidad del Sistema de Salud de Castilla y León. La Junta dedica cada vez más recursos a mantener los beneficios de Eficanza, al tiempo que realiza unos recortes en Sanidad que no tienen precedentes desde la puesta en marcha del Sistema Nacional de Salud.

El reequilibrio financiero es un rescate a la Concesionaria y un nuevo golpe a la sostenibilidad del Sistema de Salud de Castilla y León. 


Basta de rescates encubiertos

Recuperemos el HUBU para el Sistema Público de Salud



REFERENCIAS:


1. Diario de Burgos (19/11/2014): El PSOE alerta de la gestión de otro modificado para el HUBU. Disponible en http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZB6C26D8A-CEB0-41E5-D1E755923A6AA0E4/20141119/
2. Burgos Conecta (20/11/2014): Sanidad confirma nuevo modificado de Eficanza sobre el HUBU. Disponible en http://burgosconecta.es/2014/11/20/sanidad-confirma-nuevo-modificado-de-eficanza-sobre-el-hubu/
3. Diario de Burgos (20/11/2014): Eficanza ha solicitado otro modificado para el HUBU que "se está tramitando" por lo que aún "no está concluido". Disponible en http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z0934BAC1-FD64-BD10-903FA73D41EB358B/20141120/
4. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la contratación de la concesión de obra pública, para la construcción y explotación del Nuevo Hospital de Burgos. Página 106. Consejería de Sanidad. 12/08/2005. Disponible en https://drive.google.com/file/d/0B0Tqk7hc0SKKZENfTWlWaHY4Nmc/view?usp=sharing
5. Eldiario.es (03/12/2014): Bruselas abre un expediente de infracción a España por cambiar los contratos del Hospital de Burgos. Disponible en http://www.eldiario.es/politica/Bruselas-expediente-Espana-Hospital-Burgos_0_331067371.html
6. Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León de modificación del proyecto de ejecución de las obras relativas al Contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del Nuevo Hospital de Burgos de 9 de octubre de 2009.
7. Diario de Burgos (04/12/2014). El PSOE pide que se anulen dos modificados del HUBU. Disponible en http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZBA9B1A77-E762-B5E9-B18E7A90975BA3D7/20141204/
8. Modificación del Contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del Nuevo Hospital de Burgos de 27 de diciembre de 2010.
9. Martin McKee, Nigel Edwards, Rifat Atun. Public–private partnerships for hospitals. Bulletin of the World Health Organization. 2006;84:890­896.
10. Fernando I. Sánchez y José Ma Abellán, Grupo de Trabajo en Economía de la Salud (GTES), Universidad de Murcia. Las concesiones de obra pública en sanidad (PFI): entre decepcionantes e inevitables.17/01/2013. Disponible en http://nadaesgratis.es/?p=27749
11. Allyson M Pollock, Jean Shaoul, Neil Vickers. Private finance and “value for money” in NHS hospitals: a policy in search of a rationale?. BMJ 2002; 324:1205 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.324.7347.1205
12. El País: Madrid tuvo que rescatar en 2010 a sus hospitales de gestión semiprivada. 24/10/2012. Disponible en http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/24/madrid/1351105416_077906.html

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Las Unidades de Gestión Clínica. Otro paso hacia la privatización de la sanidad

Procedencia de la imagen: Intersindical Canaria
El Sistema Nacional de Salud (SNS) está en fase de privatización. Esto ya no lo niegan ni los protagonistas. A finales de los años noventa irrumpieron en los hospitales con un ímpetu que no ha hecho más que crecer. El penúltimo ejemplo es nuestro HUBU.

Su siguiente objetivo es la introducción del espíritu empresarial en los servicios clínicos. Aquí no se trata ya de entregar directamente la sanidad a empresas, sino de constituir empresas dentro del mismo corazón del hospital o del centro de salud. Son la Unidades de Gestión Clínica (UGC). El día 4 de diciembre, la Junta de Castilla y León aprobaba el decreto que pone en marcha las unidades de gestión clínica en nuestra comunidad con la oposición de todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad.

Las UGC aparecen bajo el siguiente paradigma: profesionales del SNS se agrupan “voluntariamente” para asumir “empresarialmente” la responsabilidad de la asistencia sanitaria en su ámbito creando una “pequeña empresa” que responde de los resultados clínicos y “económicos” en un proceso de “transferencia de riesgos” por lo que si hay beneficio residual, “ahorro”, éste revierte económicamente en los trabajadores. Además éstas microempresas pueden “competir” con otras similares como si fueran tiendas, beneficiándose así el sistema.

Pese a que las enormes lagunas que deja el decreto sobre las condiciones de funcionamiento hay elementos mas que suficientes para rechazar las UGC desde tres órdenes de consideración: para el profesional, para el sistema público y para el paciente.

A. Para el profesional


Sin ningún ánimo de la exaustividad,  que corresponde a los sindicatos:

1. El director es “nombrado” directamente por el SACYL y, por tanto, de forma arbitraria.

2. El invento es un mar de incertidumbre. Medidas legales y acuerdos con organizaciones sanitarias hacen posible el paso a contratos laborales. Nada se dice de funciones específicas, responsabilidades, condiciones laborales, etc.

3. Las condiciones de los profesionales que no firmen la integración son otra gran incógnita

4. Las contrataciones futuras son “propuestas” por el director de la UGC dejando en suspenso de un plumazo los habituales criterios de ingreso, promoción y traslados.

5. La propuesta de mejora que le hacen al profesional es la obtención de incentivos económicos en caso de superávit sin establecer normas, limites ni criterios.

En resumen, para los profesionales se trata de embarcarse en una iniciativa de la que apenas saben nada. Les prometen un posible pero indefinido incentivo económico y a cambio pueden perder la condición de estatutario, derechos y condiciones laborales. Es de prever una evidente precarización.

B. Para el Sistema Público no existe ninguna evidencia sobre la mayor eficiencia del sistema que se propone.


1. El único objetivo de gestión que se persigue con las UGC es el AHORRO, no Eficiencia. La preocupación es el gasto, no la calidad.

2. Para el SNS es la entrada del caballo de Troya. La destrucción desde dentro de un sistema necesitado de reformas, acosado y herido en varios flancos, que necesita cuidados con cariño y no una infección que acabe de desestabilizarlo.

3. La fragmentación del sistema en múltiples unidades es el paso previo para el advenimiento del capital privado, eso sí, en aquellas que se vean rentables.

4. No creemos que la estructura directiva del SNS sea capaz de controlar y evaluar las futuras UGC con su gran complejidad y heterogeneidad.

5. La Atención Primaria (APS), tan exangüe y a falta de una auténtica refundación, entra en peligro de desaparición. Serán “compradas” antes que los demás servicios. Y no olvidemos una cosa: técnicamente el SNS debe descansar en una APS fuerte y resolutiva. Si algo está claro es que los basados en la APS son mejores, mas equitativos, mas justos y mas baratos.


C. Los pacientes no tienen nada que ganar en todo esto


1. El marcado acento economicista de las UGC, centrado en el ahorro, tiene al paciente como rehén.

2. La práctica de la gestión clínica, con la mejor de las evidencias y criterios de eficiencia, no necesita la parte empresarial que proponen las UGC. Este solo le aporta el grave riesgo de que el economicismo, influido por el interés de obtener ahorro, contamine las decisiones de los profesionales. Hay en el SNS Español cientos de unidades y servicios bien gestionados con excelentes indicadores y los pacientes lo aprecian.


En conclusión, mejoremos lo que hay que mejorar; prioricemos la eficiencia y demos más protagonismo a los profesionales, sí, y a los pacientes (los grandes callados). La gestión del SNS requiere gestores preparados e independientes. Profesionales de la dirección capaces de concertar a los profesionales en torno al sistema y gestionar Con-Ellos.

El SNS, uno de los primeros activos de éste país, hay que abordarlo globalmente a partir de un gran debate en el que no caben mayorías absolutas, que se centre en la eficiencia y la sostenibilidad, con base en evidencias y con metodología y criterios técnicamente consistentes. Ese es el camino y no la improvisación de medidas aisladas con la presión de intereses económicos ajenos o el empeño de adelgazar el gasto sanitario hasta donde la población lo soporte.

La privatización no es la solución, es el principio del final de Sistema Nacional de Salud. Y las UGC forman parte de ese proceso privatizador.

Diciembre de 2014
SANIDAD PÚBLICA SI – BURGOS

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León, contra las Unidades de Gestión Clínica

La Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León quiere mostrar su más absoluto y contundente rechazo ante la aprobación del Decreto 57/2014 de 4 de diciembre, por el que se regula la constitución y funcionamiento de Unidades de Gestión Clínica del Servicio de Salud de Castilla y León.



Más allá de los términos “dulces” en los que estas UGC parecen presentarse en el texto del Decreto, lo que es cierto es que esta forma de gestión no constituye ningún “Eldorado” sino que supone un paso hacia la fragmentación del sistema sanitario convirtiéndole en microempresas que entrarán en competencia entre sí, ya que, por encima de la mencionada y pretextada “autogestión” de los profesionales, lo que la administración realmente pretende es controlar y regular el crecimiento presupuestario, con promesas de mejoras salariales para algunos profesionales por medio de incentivos (como forma enmascarada de abrir el abanico salarial de ciertos jefes intermedios), y todo ello a costa del empeoramiento de las condiciones de trabajo del resto de los profesionales de la plantilla y a costa de la merma en cantidad y calidad de algunas prestaciones para con los pacientes.

Aceptamos la implicación de los profesionales sanitarios en el proceso de la gestión clínica entendiendo por tal la mas eficiente utilización de los recursos basada en criterios de evidencia científica pero rechazamos que se creen microempresas que utilicen la posible generación de beneficios marginales, ahorrando gastos en la atención directa o indirecta de los pacientes, para gratificar económicamente a los profesionales lo que supone un incentivo potencialmente perverso.

Estas UGC constituyen una primera fase en el proceso de fragmentación y quebranto del modelo público, para, en otra fase posterior proceder a medidas que legitimarán los recortes sanitarios y justificarán una privatización abierta.

No existe constatación de alcanzar ningún beneficio para los pacientes con esta nueva forma de gestión “atomizada”, como así lo demuestran los ejemplos que encontramos en las CCAA que lo tienen implantado, salvo el hecho de que, por medio de estas UGC, la administración elude responsabilidades políticas delegando y derivando las consecuencias de los recortes en sanidad hacia los jefes y coordinadores de los servicios que se transformen en UCG, y que serán incentivados por y para ello.

Plataforma por la Sanidad Publica de Castilla y León
Diciembre 2014

BOCYL: DECRETO 57/2014, de 4 de diciembre, por el que se regula la constitución y funcionamiento de Unidades de Gestión Clínica del Servicio de Salud de Castilla y León.

Unidades de Gestion Clínica al servicio de la privatización sanitaria

El día 4 de diciembre, la Junta de Castilla y León aprobaba el decreto que pone en marcha las unidades de gestión clínica en nuestra comunidad con la oposición de todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad. Con ello, la administración da un paso más hacia la privatización de la sanidad. Así lo ve la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, y así lo vemos en Sanidad Pública Sí.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FEADSP) ve en la introducción de las llamadas Unidades de Gestión Clínica un intento más del Ministerio de Sanidad para "desmantelar y privatizar" de manera encubierta el Sistema Nacional de Salud (SNS).
En su opinión, el objetivo es "fragmentar los centros sanitarios en múltiples entidades empresariales con autonomía plena para gestionase aplicando las diferentes fórmulas de gestión privada (Ley 15/97), presupuesto propio y capacidad para comprar y vender sus servicios creando un mercado interno sometido a las leyes de la competencia".



La UE expedienta a España por el sobrecoste del Hospital de Burgos

La Comisión Europea ha incoado un procedimiento de infracción contra España por el sobrecoste y las modificaciones realizadas en la concesión de obras y el equipamiento en el Hospital Universitario de Burgos.



El centro fue construido por el sistema de concesión de obra pública, por el que una unión temporal de empresas se encargó de la construcción y equipamiento a cambio de la concesión de los servicios no asistenciales del hospital durante 30 años.

El hospital terminó costando 528 millones, 286 más de lo previsto cuando se adjudicó, al aprobarse durante los últimos años varias modificaciones del proyecto.

El centro, que costará en 30 años más de 2.000 millones de euros a los burgaleses, es objeto de varias investigaciones por las posibles "irregularidades contables y administrativas en el proceso de adjudicación, contratación y gestión del hospital". Además del procedimiento abierto abierto en Bruselas, la Fiscalía tiene en sus manos la documentación que le ha transmitido el Tribunal de Cuentas.

El procedimiento se abrió tras la denuncia anónima de un particular en septiembre de 2013 por el sobrecoste del centro, para el que la Junta tuvo que avalar un crédito de 128 millones de euros concedido por el Banco Europeo de Inversiones a una empresa pública -Sociedad Patrimonial de Castilla y León S.A.- que después fue a parar a la concesionaria, a pesar de que el dinero de este banco público europeo no se puede destinar a iniciativas privadas.


Fuentes:


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