La denuncia: el resultado de la colaboración de fuerzas sociales y políticas



Un trabajo colectivo ha desembocado el día 12 de Junio en la presentación de una denuncia ante el Fiscal Anticorrupción del Estado sobre algunos aspectos de la gestión del contrato del HUBU.

El HUBU fue licitado y adjudicado a une Unión de Empresas para construir la infraestructura y explotarla comercialmente, incluyendo la prestación de 14 servicios, durante un periodo de 30 años  a través del modelo de colaboración público-privada.

Las asociaciones Sanidad-Pública-SI,  Asociación Libre de Arquitectura y Ecologistas en Acción hemos concretado un documento técnico desde los puntos de vista económico, arquitectónico y jurídico en los que explicamos que, al menos en un aspecto puntual de la operación, la Junta de Castilla y León  ha podido incurrir en delitos relacionados con la gestión del interés común.

Nos hemos centrado en un aspecto muy concreto: La empresa concesionaria actuó desde el principio absolutamente al margen del proyecto aprobado. La Junta fue legalizando sucesivamente todas las decisiones unilaterales que  adoptaba la concesionaria, pese a los informes técnicos que se oponía a ello por motivos incompresibles  y siempre favorables al interés de la concesionaria y perjudiciales para el erario público.

  • La empresa no cumplió ni de lejos los plazos estipulados en el contrato y en vez de sancionarle como estipulaba el contrato, la Junta le prestó excusas insostenibles atribuyéndose a sí misma y  en repetidas ocasiones, la responsabilidad de los retrasos.
  • Incluso, premió a la concesionaria con presupuestos extras y le compensó millonariamente por supuesto menoscabo en su negocio.
  • Para abonar esto pagos extra la Junta, en vez de buscar financiación, concierta con la concesionaria un pago a plazos con un interés de más del doble del que se cobra en el mercado mercado.

Estimamos que, solo en este pequeño aspecto del contrato, la Junta ha malgastado más de 128 millones de Euros de todos los castellano-leoneses. Estas decisiones opacas, incomprensibles de la Junta, nos parecen sospechosas de delito por lo que solicitamos a la FISCALIA ANTICORRUPCIÓN que estudie el asunto.

Todo lo referido se expone y argumenta en un documento de 33 páginas y un CD con 25 documentos oficiales que prueban nuestras afirmaciones.

La demanda la hemos firmado las tres ASOCIACIONES junto con los partidos de la oposición en la Comisión de Investigación sobre el HUBU en la Cortes de Castilla y León: PSOE, PODEMOS, CIUDADANOS e IZQUIERDA UNIDA.

Esta confluencia de fuerzas sociales y políticas sigue empeñada en que el HUBU nunca debió hacerse con esta fórmula de privatización y en que debe ser inmediatamente RECUPERADO para la gestión pública, evitando así buena parte de los sobrecostes esperados.

Además creemos que es necesario depurar las responsabilidades legales de las decisiones tomadas ya que las responsabilidades políticas son casi imposible de esperar en este país; la mayoría del anterior gobierno de la Junta las hizo imposibles.

https://www.sanidadpublicasi.es/2019/06/denuncia--fiscalia-corrupcion-hubu.html 


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La denuncia ante la fiscalía, un paso más



La iniciativa de la Denuncia que hoy presentamos es la siguiente etapa de un largo proceso de reacción social contra la construcción del HUBU por medio de un contrato de Colaboración Público-Privada. Este comienza con una corriente de preocupación entre la gente en Burgos ante los retrasos y las informaciones contradictorias en torno a lo que estaba pasando en el proyecto estrella de Herrera que escondía en realidad la punta de lanza más potente para la privatización de la sanidad pública de CyL.

Algún partido político, algún sindicato, y alguna otra iniciativa habían comenzado a denunciar lo que parecía una calamidad. Nuestra asociación comienza a recabar la escasísima documentación que el oscurantismo de la Junta escamoteaba a la opinión pública. Dificultades evidentes, silencios, trabas, desprecios y obstrucciones no fueron suficientes para evitar que pudiéramos elaborar un mapa general bastante aproximado de lo que había sido el evidente asalto al interés público que escondía la operación HUBU.

​A partir de él, docenas de actos públicos en barrios y pueblos llevaron el asunto a la ciudadanía y luego a la agenda política. Las repetidas manifestaciones multitudinarias, fueron ninguneadas por los dirigentes de la Junta, no consiguieron sacar de ellos la mínima autocrítica ni reacción ante lo que sabían perfectamente que era un expolio público. El Presidente se negó incluso a recibirnos. Se cerraron en el desprecio altivo que les permitía su mayoría en las Cortes. Sin embargo la sociedad comprendió de la necesidad de revertir esta privatización.

Se consiguió una Comisión de Investigación en la Cortes a la que desde el primer día ofrecimos nuestra colaboración. Aceptada por toda la oposición y rechazada reiteradamente por el partido del gobierno, mantuvimos desde entonces y hasta hoy en colaboración estrechísima por encima de cualquier interés partidista.

Desgraciadamente la mayoría del partido que gobernaba la Junta no participó en la búsqueda de la verdad. Entorpeció cuanto pudo la marcha de la Comisión, proporcionó la documentación de forma deslavazada, sin los más mínimos requisitos de fiabilidad, prohibiendo incluso el acceso de expertos asesores a los procuradores para analizar una documentación de tan alta especificidad técnica. Al final toda la oposición en absoluto acuerdo, trabajan y elaboran unas conclusiones comunes, demoledoras, que el PP no asume, concluyéndose técnicamente la Comisión como “sin acuerdo”.

Pero esta Comisión no fue fallida del todo. Aportó numerosas evidencias más que permitieron entender mejor lo que ha sucedido. En nuestro Primer informe y luego en un Segundo explicábamos cómo toda la operación era un cúmulo de despropósitos y todos en una misma dirección: la postergación del interés común a favor de intereses privados. Solo este principio rector explica desde el principio hasta el final las decisiones tomadas por la Junta. Expusimos lo que había pasado y le pusimos números al desastre.

Llevamos años diciéndolo, se explica en nuestros Informes y se refleja también en el Informe de los grupos de la oposición en la Comisión, que además de una necesaria y factible recuperación por vía política de la propiedad del HUBU, no se debería obviar las posibles responsabilidades en las que se pudiera haber incurrido en todo este proceso.

Tras el cierre de la Comisión, los grupos de la oposición decidieron abordar la vía jurídica para exigir posibles responsabilidades de forma conjunta y elaboraron un borrador que nos sometieron a estudio a las asociaciones aquí representadas. El resultado es la demanda que hemos presentado ante la FISCALIA CONTRA LA CORRUPCIÓN el pasado día 12 de Junio, firmada por los cuatro grupos políticos y las tres asociaciones que hemos participado en la elaboración técnica del documento. Hacemos aquí la observación de que se presenta deliberadamente, fuera del periodo electoral.

Recientemente el Consejero Sáez Aguado, ha vuelto a tratar de descalificar a nuestro movimiento tildándolo de “político”. Reivindicamos la palabra política como el conjunto de acciones para organizar lo común, la sociedad y reivindicamos no solo el derecho sino el deber de la ciudadanía en participar en ello. Tomamos parte por tanto en la política pero no tomamos partido. Esto no parece entenderlo quien usa esas acusaciones de “político” propias de regímenes pretéritos. Hemos estado con todos (fue el PP quien rechazó nuestro ofrecimiento). Por cierto, hemos trabajado con Ciudadanos, sus actuales o inminentes socios para el gobierno de CyL, firmante del Informe Conjunto y firmante ahora de esta demanda. Rechazamos esta nueva manipulación de la opinión pública por parte de este personaje cuya negación de todo y su descuido del sistema sanitario público nos ha llevado a exigir su cese tantas veces.

Por último queremos dejar bien claro que este no es el final de este empeño colectivo por recuperar el HUBU. Ese proceso deberá implicar necesariamente un proceso político. Hoy presentamos una vía accesoria, incluso complementaria, pero ni necesaria ni suficiente para resolver el problema. Sí que es necesaria para mejorar la higiene de la función pública; es necesario aclarar si, como sospechamos, no se ha actuado pensando en el interés general y ante esa sospecha, nosotros debemos tomar esta iniciativa por pura responsabilidad cívica.

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Burgos, 20 de Junio de 2019
Sanidad Publica SI. Burgos




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