Desde el inicio de la pandemia las plataformas y colectivos en defensa de la Sanidad Pública hemos señalado la importancia de unos buenos servicios públicos, adecuadamente financiados y dotados, para que como sociedad cuidemos de toda la población, especialmente de las personas más vulnerables.

 

En un acto de responsabilidad hemos aparcado movilizaciones y reivindicaciones, entendiendo que la gravedad de la emergencia sanitaria precisaba compromiso, altura de miras, cooperación y trabajo en común.Pero de la crisis no se sale de cualquier manera, y observamos con preocupación, como los problemas de nuestra Sanidad Pública, conocidos y señalados, persisten y nos están llevando a un nuevo colapso del sistema sanitario.

 

Desde el pico pandémico de abril han transcurrido más de seis meses en los que se nos decía que se estaba organizando todo para la nueva normalidad. Que en la prevista segunda oleada se podría prestar la debida asistencia a pacientes afectos de la COVID, sin desatender a todas las personas con enfermedades distintas a la del coronavirus.

 

Que se aumentarían recursos y equipos y se reforzarían y fidelizarían plantillas, que se retomaría la actividad en hospitales, centros de salud y consultorios, que se potenciaría la Salud Pública y el sistema de rastreadores. Todo ello para evitar o en todo caso contener una segunda oleada de transmisión comunitaria sin tener que paralizar de nuevo el sistema sanitario y el país.

 

Sin embargo, vemos que no se han concretado dichas mejoras. Que siguen faltando profesionales, que los equipos de Salud Pública siguen raquíticos, que no hay suficiente capacidad de rastreo, que la Atención Primaria está colapsada y que una vez inmersos en la segunda oleada los hospitales de Castilla y León, y más concretamente los de la provincia de Burgos han vuelto a colapsarse y, salvo la mejora en pruebas de detección y equipos de protección, cuentan con similares recursos materiales y humanos que en abril.

 

La consulta no presencial está siendo para muchas personas una barrera en el acceso a la asistencia sanitaria y está sobrecargando y agotando a nuestros sanitarios. El acceso telefónico a los centros sanitarios no se ha mejorado lo suficiente y hemos conocido casos dramáticos que podrían haberse evitado si la COVID no hubiera condicionado de modo tan extremo la asistencia al resto de pacientes.

 

Nuestros sanitarios no se merecen que la Consejería parchee la inacción previa en el reforzamiento de plantillas con medidas de obligatoriedad y de anulación de derechos laborales. Algo, que por otra parte lejos de fidelizar profesionales acabará con la marcha de muchos. Y no nos lo podemos permitir.

 

Gestionar lo público requiere en estos momentos de unos principios claros que aseguren la capacidad y sostenibilidad del sistema, pero también de competencias y habilidades. No hay que inventar la rueda. Hay que retomar los consensos en Sanidad. Gestionar desde una opción por potenciar los recursos propios para la atención de nuestra población, mejorar las condiciones laborales, facilitar la participación de profesionales y agentes sociales en la gestión de la crisis. Cooperar con todos los interlocutores, políticos, sindicales, profesionales y sociales...

 

Se dice que quien no es parte de la solución es parte del problema, pero desgraciadamente en esta crisis, el problema empieza a ser también quien no incorpora y cuenta con todos en una gestión cooperativa de esta crisis sanitaria, económica y social.

 

Por eso, llamamos a la población y a los diferentes agentes políticos, sindicales y sociales a mantener una postura activa en defensa de la Sanidad Pública. Vendrá una tercera oleada, y no es admisible que provoque un tercer colapso del sistema.

 

HOY, MÁS QUE NUNCA, SANIDAD PÚBLICA

 

Burgos 11 de noviembre de 2020

Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos

 

La devastadora crisis económica de la pasada década indujo en muchos países, no en todos, a una respuesta de ajuste duro según las más estrictas reglas del ultraliberalismo económico. Lo explicamos y denunciamos desde nuestra asociación. Explicamos cómo se incrementaba la pobreza de la mayoría y se achicaban hasta el escándalo los servicios públicos. Fue una buena coartada para desmontar el sistema de bienestar.

En lo que ahora nos ocupa, el Sistema Nacional de Salud quedó reducido todo lo que aquel gobierno pudo reducirlo sin llegar a la revuelta social. Apretó las tuercas al máximo y lo dejó descapitalizado de personal y de instalaciones. Lo denunciamos como muchos otros. La pérdida de capacidad de acción cotidiana se reflejó en las inaceptables demoras y desde luego sin la mínima capacidad para enfrentar la más leve prueba de estrés.

Pues bien, esa prueba ha llegado y además no es leve. Si los dispositivos sanitarios de este país no pueden soportar una temporada de gripe, esperada, incluso con fecha conocida, qué esperar de la presente pandemia: atención primaria barrida y hospitales totalmente insuficientes de medios y de profesionales. Y aun así, y hasta el día de hoy, aguantan como pueden gracias al celo profesional y pese a las muchas carencias.

Este virus Covid19 es muy democrático. Como se transmite al respirar, y casi todos respiramos igual, afecta a ricos y pobres. De no ser así, habría mucho menos revuelo, se lo aseguramos.

Mucha gente en España, más de diez millones de españoles, han decidido intentar salvarse ellos mismos con pólizas privadas de sanidad. Si tomamos esa solución individual, dejamos de empujar con los demás para conseguir una solución para todos. Pero en nuestras UCIS, en las camas de nuestros hospitales públicos, hay muchos enfermos graves que son usuarios de esa medicina privada que, naturalmente, no está preparada para estas eventualidades aunque tenga hilo musical en la sala de espera.

Solo un sistema público fuerte es capaz de dar respuesta a las necesidades de salud de los países; lo hemos explicado mil veces y no con nuestros argumentos sino con los de los expertos. Un país serio no puede prescindir de una estructura pública sólida para lo habitual y para lo eventual. Estamos viendo con el Cov19 que aquí no hay salvación individual. Formamos parte de un ecosistema que se salva o se destruye en su conjunto.

¿Por qué hay que defender un sistema público si es tan evidente su necesidad? En la sociedad occidental de hoy lo público va contracorriente. Desde hace unas décadas estamos sometidos al ultracapitalismo más inhumano y la preeminencia de lo privado: que cada uno se las arregle como pueda. Por eso es necesario empujar para defender lo público, remar contracorriente. El sistema sanitario tiende, al descapitalizarse, a aumentar las demoras y a expulsar a los que pueden comprar lo privado. Quedan dentro cada vez más los otros: los pobres, los enfermos y los ancianos; mucho menos los jóvenes y quienes tienen buena posición económica, que son precisamente los que contratan pólizas privadas. Éstos, sintiéndose a salvo, no empujan. El resultado es que cada vez tiende a ser menor la fuerza de los que luchan contra el desmantelamiento de lo público.

Y el desmantelamiento perpetrado en la última década es un atentado contra la salud de los ciudadanos. Las decisiones tomadas por los políticos deberían dejar de juzgarse solo en el plano político para ser juzgadas en el plano penal. Responsabilidad personal de quienes las toman.

Por tanto, apelamos a los gestores y a la ciudadanía de nuevo con nuestro eslogan: defensa de la sanidad pública. Por una cuestión de supervivencia y de justicia social. A los unos para que no antepongan otros intereses a la primera necesidad: la salud de todos. Y para que refunden nuestro sistema público. Y con la ciudadanía apelamos a su responsabilidad social. Dediquemos nuestras energías a exigirlo, primero por justicia social y luego por interés propio.

El ser humano aprende a veces a base de golpes. Que esta crisis deje alguna secuela positiva y podamos tener el sistema sanitario público que necesitamos. No es una opción. Y algo puede estar cambiando ya: nos esperanza ver el reconocimiento a los profesionales de nuestro sistema público que cada noche proclaman en las ventanas los ciudadanos de toda España y al que nos sumamos desde estas líneas.


Burgos, 18 Marzo de 2020


MªJosé Pereda Riguera
Juan Antonio Ayllón Domínguez
SANIDAD PUBLICA SI-BURGOS

Un trabajo colectivo ha desembocado el día 12 de Junio en la presentación de una denuncia ante el Fiscal Anticorrupción del Estado sobre algunos aspectos de la gestión del contrato del HUBU.

El HUBU fue licitado y adjudicado a une Unión de Empresas para construir la infraestructura y explotarla comercialmente, incluyendo la prestación de 14 servicios, durante un periodo de 30 años  a través del modelo de colaboración público-privada.

Las asociaciones Sanidad-Pública-SI,  Asociación Libre de Arquitectura y Ecologistas en Acción hemos concretado un documento técnico desde los puntos de vista económico, arquitectónico y jurídico en los que explicamos que, al menos en un aspecto puntual de la operación, la Junta de Castilla y León  ha podido incurrir en delitos relacionados con la gestión del interés común.

Nos hemos centrado en un aspecto muy concreto: La empresa concesionaria actuó desde el principio absolutamente al margen del proyecto aprobado. La Junta fue legalizando sucesivamente todas las decisiones unilaterales que  adoptaba la concesionaria, pese a los informes técnicos que se oponía a ello por motivos incompresibles  y siempre favorables al interés de la concesionaria y perjudiciales para el erario público.

• La empresa no cumplió ni de lejos los plazos estipulados en el contrato y en vez de sancionarle como estipulaba el contrato, la Junta le prestó excusas insostenibles atribuyéndose a sí misma y  en repetidas ocasiones, la responsabilidad de los retrasos.

• Incluso, premió a la concesionaria con presupuestos extras y le compensó millonariamente por supuesto menoscabo en su negocio.

• Para abonar esto pagos extra la Junta, en vez de buscar financiación, concierta con la concesionaria un pago a plazos con un interés de más del doble del que se cobra en el mercado mercado.

Estimamos que, solo en este pequeño aspecto del contrato, la Junta ha malgastado más de 128 millones de Euros de todos los castellano-leoneses. Estas decisiones opacas, incomprensibles de la Junta, nos parecen sospechosas de delito por lo que solicitamos a la FISCALIA ANTICORRUPCIÓN que estudie el asunto.

Todo lo referido se expone y argumenta en un documento de 33 páginas y un CD con 25 documentos oficiales que prueban nuestras afirmaciones.

La demanda la hemos firmado las tres ASOCIACIONES junto con los partidos de la oposición en la Comisión de Investigación sobre el HUBU en la Cortes de Castilla y León: PSOE, PODEMOS, CIUDADANOS e IZQUIERDA UNIDA.

Esta confluencia de fuerzas sociales y políticas sigue empeñada en que el HUBU nunca debió hacerse con esta fórmula de privatización y en que debe ser inmediatamente RECUPERADO para la gestión pública, evitando así buena parte de los sobrecostes esperados.

Además creemos que es necesario depurar las responsabilidades legales de las decisiones tomadas ya que las responsabilidades políticas son casi imposible de esperar en este país; la mayoría del anterior gobierno de la Junta las hizo imposibles.

 

Más:

https://www.sanidadpublicasi.es/2019/06/denuncia--fiscalia-corrupcion-hubu.html

La iniciativa de la Denuncia que hoy presentamos es la siguiente etapa de un largo proceso de reacción social contra la construcción del HUBU por medio de un contrato de Colaboración Público-Privada. Este comienza con una corriente de preocupación entre la gente en Burgos ante los retrasos y las informaciones contradictorias en torno a lo que estaba pasando en el proyecto estrella de Herrera que escondía en realidad la punta de lanza más potente para la privatización de la sanidad pública de CyL.

Algún partido político, algún sindicato, y alguna otra iniciativa habían comenzado a denunciar lo que parecía una calamidad. Nuestra asociación comienza a recabar la escasísima documentación que el oscurantismo de la Junta escamoteaba a la opinión pública. Dificultades evidentes, silencios, trabas, desprecios y obstrucciones no fueron suficientes para evitar que pudiéramos elaborar un mapa general bastante aproximado de lo que había sido el evidente asalto al interés público que escondía la operación HUBU.

​A partir de él, docenas de actos públicos en barrios y pueblos llevaron el asunto a la ciudadanía y luego a la agenda política. Las repetidas manifestaciones multitudinarias, fueron ninguneadas por los dirigentes de la Junta, no consiguieron sacar de ellos la mínima autocrítica ni reacción ante lo que sabían perfectamente que era un expolio público. El Presidente se negó incluso a recibirnos. Se cerraron en el desprecio altivo que les permitía su mayoría en las Cortes. Sin embargo la sociedad comprendió de la necesidad de revertir esta privatización.

Se consiguió una Comisión de Investigación en la Cortes a la que desde el primer día ofrecimos nuestra colaboración. Aceptada por toda la oposición y rechazada reiteradamente por el partido del gobierno, mantuvimos desde entonces y hasta hoy en colaboración estrechísima por encima de cualquier interés partidista.

Desgraciadamente la mayoría del partido que gobernaba la Junta no participó en la búsqueda de la verdad. Entorpeció cuanto pudo la marcha de la Comisión, proporcionó la documentación de forma deslavazada, sin los más mínimos requisitos de fiabilidad, prohibiendo incluso el acceso de expertos asesores a los procuradores para analizar una documentación de tan alta especificidad técnica. Al final toda la oposición en absoluto acuerdo, trabajan y elaboran unas conclusiones comunes, demoledoras, que el PP no asume, concluyéndose técnicamente la Comisión como “sin acuerdo”.

Pero esta Comisión no fue fallida del todo. Aportó numerosas evidencias más que permitieron entender mejor lo que ha sucedido. En nuestro Primer informe y luego en un Segundo explicábamos cómo toda la operación era un cúmulo de despropósitos y todos en una misma dirección: la postergación del interés común a favor de intereses privados. Solo este principio rector explica desde el principio hasta el final las decisiones tomadas por la Junta. Expusimos lo que había pasado y le pusimos números al desastre.

Llevamos años diciéndolo, se explica en nuestros Informes y se refleja también en el Informe de los grupos de la oposición en la Comisión, que además de una necesaria y factible recuperación por vía política de la propiedad del HUBU, no se debería obviar las posibles responsabilidades en las que se pudiera haber incurrido en todo este proceso.

Tras el cierre de la Comisión, los grupos de la oposición decidieron abordar la vía jurídica para exigir posibles responsabilidades de forma conjunta y elaboraron un borrador que nos sometieron a estudio a las asociaciones aquí representadas. El resultado es la demanda que hemos presentado ante la FISCALIA CONTRA LA CORRUPCIÓN el pasado día 12 de Junio, firmada por los cuatro grupos políticos y las tres asociaciones que hemos participado en la elaboración técnica del documento. Hacemos aquí la observación de que se presenta deliberadamente, fuera del periodo electoral.

Recientemente el Consejero Sáez Aguado, ha vuelto a tratar de descalificar a nuestro movimiento tildándolo de “político”. Reivindicamos la palabra política como el conjunto de acciones para organizar lo común, la sociedad y reivindicamos no solo el derecho sino el deber de la ciudadanía en participar en ello. Tomamos parte por tanto en la política pero no tomamos partido. Esto no parece entenderlo quien usa esas acusaciones de “político” propias de regímenes pretéritos. Hemos estado con todos (fue el PP quien rechazó nuestro ofrecimiento). Por cierto, hemos trabajado con Ciudadanos, sus actuales o inminentes socios para el gobierno de CyL, firmante del Informe Conjunto y firmante ahora de esta demanda. Rechazamos esta nueva manipulación de la opinión pública por parte de este personaje cuya negación de todo y su descuido del sistema sanitario público nos ha llevado a exigir su cese tantas veces.

Por último queremos dejar bien claro que este no es el final de este empeño colectivo por recuperar el HUBU. Ese proceso deberá implicar necesariamente un proceso político. Hoy presentamos una vía accesoria, incluso complementaria, pero ni necesaria ni suficiente para resolver el problema. Sí que es necesaria para mejorar la higiene de la función pública; es necesario aclarar si, como sospechamos, no se ha actuado pensando en el interés general y ante esa sospecha, nosotros debemos tomar esta iniciativa por pura responsabilidad cívica.

​​

Burgos, 20 de Junio de 2019
Sanidad Publica SI. Burgos

 

Los hay que uno no se explica por qué están donde están cuando parece increíble que todavía lo estén. El Consejero de Sanidad de Castilla y León y el equipo de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos, sin ir más lejos; ahí los tienen, siguen estando. Pese a lo que haría suponer el más mínimo sentido común, el más leve sentido del ridículo, la más pequeña brizna de dignidad profesional, no digamos ya de dignidad personal, siguen estando.

¿Qué tendría que pasar para que este grupo de servidores públicos dejara su sillón como les vienen exigiendo? Al uno, desde hace un año, desde todos los ámbitos y hace unos días cincuenta mil manifestantes en las calles. Y por muchos motivos, entre otros por fracasar en su obligación de garantizar la calidad del servicio sanitario público y entregarlo a escondidas a la medicina privada.

Ayer el Sr Presidente de la Junta decía que tenía veinte motivos para mantenerlo en su puesto. Nosotros le daríamos cuarenta para cesarlo, se los hemos dado muchas veces, pero vamos a quedarnos con uno muy próximo a los burgaleses. El Consejero lleva ocho años haciendo de escudo para que el escándalo del HUBU no salpique directamente a quien lo ideó, lo promovió y se lo entregó a quien se lo entregó. Una obra faraónica para pasar a la posteridad por el módico precio de 700 millones de euros derrochados.¿Y qué decir de la Gerente y su equipo, al que el noventa por ciento de "sus médicos" han pedido que dejen de estorbar y que den paso a alguien con más sensibilidad y pericia? ¿Por qué se siguen manteniendo, cuando los coordinadores de más del ochenta por ciento de los centros de salud de la provincia están esperando a que sean cesadas decididos, en caso contrario, a dimitir ellos mismos?

Pues debe tener que pasar algo muy, muy gordo. Más grande que lo que les han prometido sus respectivos jefes si aguantan unos meses, ya se sabe, hasta las próximas elecciones.

Y ¿qué es lo que les han prometido por los servicios prestados? Lo veremos. Seguramente unas suculentas prebendas a cambio de traicionar el interés general.

Mientras tanto hay quien dice que vencerá el clamor de los ciudadanos y los profesionales y que, en un arranque de inesperada dignidad, dejarán paso a la esperanza en enderezar la maltrecha Atención Primaria que nos van a dejar como legado. Que así sea.

Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos

Relacionado

Médicos rompen las negociaciones hasta que no cese el equipo de la Gerencia de AtenciónPrimaria

Desde esta Asociación llevamos seis años llamando la atención sobre lo que se avecinaba.

Pese a la más visible reivindicación por la recuperación del HUBU, desde el primer acto público en los barrios, desde la primera manifestación, venimos diciendo que nuestra atención primaria se hunde y cuáles van a ser las consecuencias. Igual que nosotros, se está advirtiendo por una multitud de voces.

Aquí la crisis explotó con la renuncia de las doctoras Adrián, Andrés y Obregón en el Centro de Salud de los Cubos. Esa decisión gravísima y honrosa fue la explosión de la olla a presión y a su vez el acicate para que profesionales y ciudadanos saliéramos del silencio.

Si la crisis es muy extendida en todo el país y comparte las mismas perniciosas causas, en Burgos se reviste de algunos elementos que le dan especial gravedad. La deplorable gestión local a cargo de la Gerente de Burgos y su equipo, su inacción, la desidia, sus errores y, sobre todo la insensibilidad con que han manejado los problemas de la población y los profesionales, nos han llevado al caos.

Esa responsabilidad y la carencia absoluta de credibilidad hace imprescindible su relevo. Lo ha pedido todo el mundo; por escrito y firmado el 90% de los médicos de la provincia, en los medios de comunicación el 80% de los coordinadores de la provincia, la Junta de Personal del SACyl de Burgos por unanimidad, los ciudadanos en la calle, en la prensa, en las redes.

Cualquier persona con un mínimo de sentido común hubiera renunciado hace semanas por dignidad. Como no lo hace, hemos exigido y exigimos su DESTITUCIÓN y el nombramiento de nuevos gestores que sean capaces de, con la ayuda que todos: profesionales, usuarios y ayuntamientos, reorientar la actual deriva de nuestros centros de salud y recuperar la calidad asistencial de la parte más decisiva del sistema pero también la más vulnerable.

Desde nuestra parte ofrecemos al nuevo equipo la colaboración más leal.


Sanidad Pública SI Burgos